Declaraciones de la rueda de prensa que hoy ha tenido lugar en la Corrala Utopía

Ni Juan Ignacio Zoido, ni el Ayuntamiento de Sevilla, han contestado al requerimiento que les realizó José Chamizo, a pesar de que la ley "obliga a todos los poderes públicos a colaborar con el Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones"

A partir de las 11:00 de hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en el edificio de la Corrala de Vecinas 'La Utopía' donde se realojan 36 familias que han perdido sus viviendas en el contexto de la actual crisis económica. En la rueda de prensa han participado representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, del movimiento 15-M, del grupo de estudios 'Arquitectura y Compromiso Social' y representantes de las propias vecinas afectadas.



Pablo Fernández (Coordinador de APDHA para temas de marginación)
Pablo Fernández ha realizado en su intervención un detallado análisis de la desesperada situación social que en nuestro país viven cada vez más familias. Sólo en la provincia de Sevilla 6.000 familias perdieron sus viviendas en los últimos 2 años, mientras que 114.000 casas permanecen vacías sin que se espere que puedan ser vendidas en los próximos años, habida cuenta de las dificultades económicas que afectan cada día a más sectores de la población. Asimismo, 1.700.000 familias sobreviven en España con todos sus miembros en situación de desempleo. Este dato revela la grave precariedad social que se vive en nuestro país, en el cual cientos de miles de familias podrían perder en los próximos meses o años sus hogares, sin que las autoridades estén previendo medidas para paliar esta situación. Más bien al contrario, los poderes públicos parecen estar interesados únicamente en salvar a unas entidades bancarias que fueron responsables en el inicio de esta crisis y que, aún así, están recibiendo ingentes ayudas con fondos públicos.

Maribel Mora (Coordinadora General de APDHA)
Ha anunciado públicamente la puesta en conocimiento del Juzgado de Guardia hechos que podrían suponer coacciones y amenazas realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla y que hoy se ha registrado en los juzgados. APDHA entiende que la actuación municipal ha consistido en una estrategia organizada, cortando los suministros que ya existían y que estaban activos antes de que se realojaran las familias, e insinuando la apertura de procedimientos de protección de menores, que tenían como único fin amedrentar a las familias que participan en esta protesta con el objetivo de ocultar la incapacidad de los servicios sociales municipales para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que se derivan de la actual crisis. A día de hoy los Servicios Sociales del Consistorio no tienen protocolos adecuados para hacer frente a la situació y carecen de los recursos que les serían del todo necesarios para paliar al menos la terrible situación que muchas familias viven. Las familias, antes de los cortes de agua y luz, ya habían manifestado públicamente su intención de legalizar su situación y afrontar el pago de estos servicios, iniciando los trámites pertinentes, a pesar de lo cual se procedió al corte de suministros.

Maribel Mora, asimismo, ha explicado cómo el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, no ha recibido todavía respuesta por parte del Ayuntamiento de Sevilla a la comunicación formal que este les presentó para buscar soluciones coordinadas junto con la Consejería de Vivienda por la situación de las 36 familias, a pesar de que está obligado por ley cuando menos a responder a José Chamizo. La Coordinadora General de APDHA también ha detallado algunos de los procedimientos por los que se han pasado en los servicios sociales municipales. El Ayuntamiento dispone del historial de la mayoría de ellas, que tras haber recorrido todas las instancias de ayuda social durante meses, no recibieron respuesta que resolviera su desesperante situación. A algunas familias con casos urgentes se les derivó a Cáritas, obviando la responsabilidad pública a la hora de prestar soluciones al ciudadano. Ha explicado que existen casos de baremaciones urgentes de vivienda que han tardado más de un año en realizarse. También ha detallado como trámites burocráticos han de repetirse en algunos casos por ciudadanos en situación de emergencia social como consecuencia de errores administrativos. Ha denunciado los frecuentes desahucios que tienen lugar en Emvisesa y cortes de luz y agua a familias en riesgo de exclusión que tienen alquileres con Emvisesa. Asimismo, ha manifestado que en casos excepcionales la ayuda de los servicios sociales municipales se limita a ayudar a pagar a alguna familia el mes de fianza que se incluye en cualquier alquiler, sin aportar más soluciones a la larga para estas personas. Además, Maribel Mora ha informado de que José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, ha tenido conocimiento de que en toda Sevilla solo hay una vivienda de EPSA en régimen de alquiler para familias en riesgo de exclusión.

Maribel Mora, por último, ha pedido "la coordinación de todas las administraciones públicas para la búsqueda de soluciones para estas 36 familias así como para todas las familias y personas que han perdido su hogar en los últimos años como consecuencia de la crisis y que se encuentran en una situación desesperada". Ha añadido que "si fue posible modificar la Constitución en tan solo 2 semanas, es posible, si existe voluntad política, modificar reglamentos y leyes para garantizar que los derechos constitucionales de estas personas sean respetados".

Analia Caffarenghi (Representante del movimiento 15-M)
Analía ha sido una de las personas más implicadas en los Puntos de Información sobre Vivienda, que el movimiento 15-M habilitó en diferentes barrios de la ciudad. Ha explicado así como fue su experiencia en el Punto de Información ubicado en el barrio de la Macarena. Al mismo han acudido personas que han perdido sus hogares o estaban a punto de perderlos como consecuencias de ejecuciones hipotecarias, familias desahuciadas por no poder pagar el alquiler, otras que se veían obligadas a vivir en infraviviendas e incluso quienes sufrían abusos por parte de sus caseros o incluso de las administraciones. Analía ha explicado cómo ha sido el proceso que ha llevado a 36 familias a realojarse en un edificio de reciente construcción que permanecía deshabitado desde hace varios años. Estas personas habían acudido a todas las administraciones en busca de ayuda, habían agotado los cauces administrativos de los servicios sociales y no tenían ninguna otra alternativa. Ha detallado de esta forma algunos casos "sangrantes" que muestran cómo, por ejemplo, a una mujer con tres hijos a su cargo tardaron en hacerle el baremo de vivienda más de un año, o como otra familia fue desahuciada de su hogar por EMVISESA (la empresa municipal de vivienda) un mes antes del plazo previsto por un error administrativo, teniendo que dormir en plena calle como consecuencia de esto.
Analía Caffarenthi ha lamentado además que "la actitud del Ayuntamiento, lejos de ofrecer soluciones a estas familias, ha sido machacarlas aún más por haber iniciado esta protesta, cortándoles luz y agua e intentando precarizar aún más su complicada situación".

Marta Solanas (integrante del grupo 'Arquitectura y Compromiso Social')
Marta Solanas ha explicado cómo la actual crisis económica tiene como principal causa la burbuja inmobiliaria que durante la última década y media se convirtió en motor de nuestra economía. Ha explicado como este proceso de especulación urbanística permitió que unas pocas personas se enriquecieran rápidamente, a veces de manera fraudulenta e ilega, y como, al mismo tiempo, ha generado la paradoja que hoy viven muchas familias que ven como han perdido sus hogares mientras que numerosas casas están vacías y lo seguirán estando durante muchos años. Ha pedido que se concilie el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, que está reconocido constitucional e internacionalmente, algo que para hacerse basta con la voluntad política de las administraciones. Asimismo, ha explicado que numerosas viviendas, urbanizaciones enteras incluso, permanecen vacías y sufren tal abandono que están sufriendo un sistemático saqueo: casas sin ventanas, puertas, verjas, etc... De esta forma, ha solicitado que los poderes públicos realicen leyes que permitan acabar con este sinsentido.
Marta Solanas ha comunicado además que ya existe una denuncia formal por la usurpación del inmueble donde se instala la Corrala de Vecinas 'La Utopía'. La demanda la ha presentado un particular, Ramón López Casal, propietario de Maexpa, antigua empresa propietaria del inmueble que en la actualidad ha desaparecido. Sobre el inmueble pesa un embargo y una hipoteca además. Ramón López Casal está actualmente envuelto en tres procesos judiciales en calidad de imputado y se le acusa de "malversación de fondos, corrupción urbanística y evasión fiscal". La Abogacía del Estado, en una de las causas que se sigue contra él, estima en 7,6 millones de euros la cifra que defraudó a las arcas públicas. Asimismo se le juzga por un escándalo urbanístico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde se le acusa de haber regalado un chalet al Alcalde de esta localidad a cambio de una operación urbanística muy beneficiosa para su empresa.

Carmen, Manoli y AnaEstas tres vecinas de la Corrala Utopía han intervenido para explicar a los periodistas su situación familiar. Les han contado cuáles fueron las razones que les hicieron optar por realojarse en un edificio deshabitado. Han explicado todos los pasos que dieron anteriormente con los servicios sociales para obtener ayuda y la incapacidad de las administraciones para ofrecerles soluciones. También han narrado cómo llevan viviendo durante las últimas semanas este proceso y de las dificultades que les ha generado la actitud del Ayuntamiento y de Endesa al cortarles el suministro de agua y luz. Carmen, en última instancia, ha explicado la situación de su madre, Antonia, de 88 años. Esta anciana, con una salud deteriorada desde hace meses, se encuentra actualmente ingresada en el Servicio de Urgencias del Hospital Macarena. Su estado de salud se ha visto sensiblemente perjudicado como consecuencia del corte de luz de Endesa. Antonia vive postrada en una cama especial que genera un movimiento de placas sobre el colchón que se asienta para evitar que la piel de esta anciana se ulcere. El corte del suministro eléctrico motivó que el colchón en el que se descansara se desinflara, con las subsibuientes complicaciones, y a pesar de que se instaló un generador por parte del 15-M para reinflar el colchón. Actualmente Antonia está hospitalizada con una úlcera abierta de 4 centímetros de profundidad que le ha provocado una grave infección.