*Más de 50 vecinos y vecinas tendrán que pasar por sede judicial para prestar declaración en calidad de imputados
*La Corrala Utopía convoca concentración frente a los Juzgados del Prado de San Sebastián el próximo martes a partir de las 9:30
*A
pesar de las declaraciones judiciales, las palabras de Amado Franco,
Presidente de Ibercaja, parecen abrir la puerta a un acuerdo a través
del alquiler social
La situación de las más de 30 familias que residen en la Corrala Utopía aún no se ha solucionado. Este próximo martes 7 de mayo comenzarán las declaraciones en sede judicial de los más de 50 vecinos y vecinas que han sido identificados por la Policía Nacional. Estas declaraciones continuarán durante los días 21 y 22 de mayo. La Corrala Utopía y el movimiento 15M convocan una concentración de apoyo a las familias en la puerta de los Juzgados del Prado el próximo martes 7 de mayo a partir de las 9:30 horas de la mañana.
El próximo 17 de mayo se cumplirá el primer
aniversario del realojo colectivo de 36 familias en la Corrala Utopía,
marcando un auténtico hito en la lucha por la vivienda y generando un movimiento social que en la provincia de Sevilla ha dado lugar a 12 corralas, a las que hay que sumar 4 más en la provincia de Málaga y 7 en Cataluña. A pesar de la mesa de negociación abierta con Ibercaja, la entidad bancaria propietaria del inmueble, aún no se ha producido ningún avance significativo. Sin embargo, las últimas declaraciones de Amado Franco, Presidente de Ibercaja,
realizadas en Cadena SER, parecen abrir una puerta a la esperanza para
las familias de la Corrala Utopía. El máximo representante de la entidad
aragonesa llega afirmar que "el
derecho a una vivienda digna es constitucional y en este país hay
familias que no pueden acceder a una habiendo miles y miles de viviendas
vacías, una contradicción que nos debería llenar de vergüenza", asegurando que en Ibercaja prefieren tener "pisos ocupados con un alquiler de 100 € antes de que queden vacíos durante dos, tres o cuatro años". Desde la Corrala Utopía entendemos que ha llegado el momento de que Ibercaja retire la denuncia judicial interpuesta, retire la petición de desalojo del inmueble, y, tal y como ha manifestado el mismísimo Presidente de la entidad bancaria aragonesa, alcance un acuerdo con las familias que residen en el edificio y que desean pagar un alquiler social por permanecer en el mismo.
Estamos a la espera de la convocatoria de la próxima mesa de negociación, en la que participarán las familias de la Corrala Utopía, Ibercaja, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía
y, en calidad de mediador, José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz.
Esta reunión se producirá una vez que tenga lugar previamente un encuentro entre José Chamizo y el Presidente de Ibercaja, Amado Franco, que ,tal y como manifestó el pasado lunes, apuesta por un sistema de alquileres sociales para dar soluciones a las familias con un problema urgente de vivienda en las innumerables
viviendas vacías que son actualmente propiedad de la Banca. El Decreto
sobre la Función Social de la Vivienda, aprobado recientemente por el
Gobierno Andaluz, no ofrece una solución directa para las corralas. A
pesar de ello, la posibilidad de que se graven con altísimas sanciones de hasta 9.000 euros cada una de las viviendas vacías de la propiedad de la Banca sí que abre posibilidades para
que se alcancen soluciones dialogadas para cada una de las corralas
donde se han realojado decenas de familias desahuciadas. En la Corrala
Utopía esperamos alcanzar un acuerdo que de solución a las familias
realojadas en el edificio y que sirva de base para alcanzar asimismo soluciones en el resto de corralas. Sobre
la mesa hay ya una propuesta de solución de un año de alquiler social
prorrogable por un año más y que está apoyada por el Defensor del
Pueblo, la Junta de Andalucía y la Corrala Utopía. Pedimos a Ibercaja,
además de retirar su petición de desalojo, que suscriba esta propuesta. Asimismo, solicitamos al Ayuntamiento de Sevilla que deje de bloquear la situación y permita que las familias puedan disfrutar de los suministros básicos de agua y luz de los que llevan privadas desde hace casi un año.
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