abandonar voluntariamente el edificio. Ese plazo acaba el sábado 15 de febrero. A partir de ese día, la policía puede presentarse en cualquier momento para desalojar el edificio.
El Grupo 17 de Marzo, que lleva la defensa legal de las familias, recurrirá este auto de desalojo ante la Audiencia Provincial de Sevilla, solicitando que se suspenda mientras se resuelve, "porque entendemos que si se ejecuta y la Audiencia decide posteriormente que el auto no se ajusta a derecho se va a producir un perjuicio de imposible reparación".
En el recurso se alega que ni el Ministerio Fiscal ni la propiedad han motivado suficientemente el por qué de la urgencia de una medida cautelar, sin siquiera celebrarse juicio y estando aún en fase de instrucción. Su
única justificación es la de "restaurar el orden jurídico perturbado", sin entrar a valorar que después de año y medio, las familias han hecho de ese inmueble abandonado desde hace años su hogar, y que allí viven personas con enfermedades graves y muchos menores de edad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy claro en este aspecto, las audiencias provinciales de otros territorios como Barcelona o Madrid, también lo son, ha defendido el Grupo 17 de Marzo: "consideran que en primer lugar tiene que estar muy motivado el por qué tiene que producirse un desalojo cautelar, porque la vida de las personas está por encima de cualquier bien jurídico, en este caso, la propiedad".
Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que "para que se produzca un desalojo de este tipo, se requiere que las administraciones públicas tengan una alternativa para las familias", es decir, que "si no hay alternativa el tribunal considera que estos desalojos son ilegales y no deben producirse".
Según ha señalado el Grupo 17 de Marzo, "entendemos que ahora la pelota está en el tejado de las administraciones públicas y en concreto de la Junta de Andalucía, que deberá ofrecer a estas familias una alternativa de vivienda para que puedan desarrollarse como personas". En el mismo sentido se han expresado vecinas de la Corrala en la rueda de prensa. Hasta el momento, y en la recta final de la Corrala Utopía, la Consejería de Vivienda y Fomento no ha puesto alternativa alguna sobre la mesa, a pesar de haberse comprometido públicamente en ofrecer alternativas habitacionales a las familias. Manoli, vecina de la Utopía, ha señalado que "ya es hora de que la Junta de Andalucía se moje y nos dé una solución".
Varias vecinas siguen en Zaragoza demandando que Ibercaja responda a la propuesta de alquilar el edificio completo a través de una cooperativa formada por las familias, mientras que Toñi Rodríguez, con esa misma
exigencia, continúa con su huelga de hambre, que alcanza ya el sexto día, frente a la sede de Ibercaja en la calle San Fernando de Sevilla. Ibercaja sigue guardando silencio, a pesar de haberse comprometido en una reunión en Madrid con el Defensor del Pueblo Andaluz, la semana pasada, a dar una respuesta.
Aguasanta, otra de las vecinas presentes en la rueda de prensa, ha recordado que el "problema de vivienda no es solo la corrala, todos los días hay desahucios de familias con niños, personas mayores, mientras las
instituciones, como el Ayuntamiento o la Junta, tienen viviendas vacías" y ha agradecido el inmenso apoyo recibido desde el inicio de la corrala: "esto lo podemos ganar".
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