Este jueves 13 de diciembre está previsto el desahucio de María, una madre soltera con 2 hijos menores de edad a su cargo que vive en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerrill nº 27 de Sevilla. Se trata de un bloque de viviendas que pertenece a la Obra Social de La Caixa, en los que María vive de alquiler desde hace varios años. Actualmente María apenas ingresa 100 euros mensuales gracias a un trabajo por horas con los que, como es obvio, no puede hacer frente al pago del alquiler y al mismo tiempo alimentar a sus hijos. Se da el caso además de que María tiene derecho a la percepción de una ayuda social que, sin embargo, no recibirá hasta el mes de febrero de 2013. María ya ha intentado negociar en varias ocasiones con La Caixa, haciéndole saber sus dificultades así como su voluntad de pagar, una vez que reciba la prestación social a la que tiene derecho. Sin embargo, La Caixa quiere el dinero y lo quiere ya. Y es por esto que pretende desahuciar el próximo jueves 13 de diciembre a María y a sus dos hijos menores de edad de la vivienda en la que residen.
Por ello, el próximo jueves nos concentraremos en el mencionado bloque de viviendas ubicado en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerrill para impedir que La Caixa desahucie a esta familia. Este caso es aún más vergonzoso si tenemos en cuenta que ese bloque de viviendas pertenece a la Obra Social de La Caixa, a través de la cual esta entidad bancaria pretende proyectar públicamente una imagen de colaborar con los sectores sociales más castigados por la crisis. La realidad, sin embargo, tal y como se puede contemplar, es bien distinta.
Asimismo, desde el Punto de Información a la Vivienda del movimiento 15M en la Macarena se quiere alertar de algunas situaciones sangrantes que se han detectado en los últimos meses en torno a Cajasol y La Caixa. Ambas entidades, ahora fusionadas después de la abosrción de Cajasol por parte de La Caixa, están embargando parte de las pensiones de jubilados que figuran como avalistas en préstamos hipotecarios, aún cuando estas pensiones no rebasan el salario mínimo interprofesional. Podría tratarse por tanto de un auténtico fraude que no se ajusta a legalidad alguna. Se han observado casos de ancianos, que apenas cobran 400 € al mes, que avalaron a sus hijos en la compra de una vivienda y que ahora ven como parte de sus reducidas pensiones son embargadas por Cajasol o La Caixa.
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